Los nuevos instrumentos normativos de la administración pública y la transformación del principio de legalidad a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991

151 páginasEl trabajo investigativo surge como una posibilidad de dar aplicación a principios clásicos que han regido el derecho administrativo, pero que indiscutiblemente han sufrido mutaciones derivadas del recorrido histórico, la interpretación amplia por las altas cortes sobre las fuentes del derecho y la necesidad de la Administración de flexibilizar sus actuaciones para tornarlas de eficacia. Para tal fin, se abordarán dos ejes temáticos, el primero, se centra en hacer un estudio acerca de las formas típicas y atípicas de relacionamiento de la Administración Pública; el segundo, se enfocará en realizar un análisis conceptual acerca del principio de legalidad, desarrollando un marco teórico a través del cual se describe los cambios de ambas transformaciones con el fin de abordar una idea más amplia de sometimiento de la Administración al Derecho. Finalmente, se pretende establecer un vínculo entre esas dos evoluciones para concluir en la necesidad imperante de transmutar la concepción clásica de legalidad y de acto administrativo lo que cuestionablemente conllevará a reconocer nuevos instrumentos normativos que permitan materializar la actividad de la Administración Pública.The investigative work arises as a possibility of giving application to classic principles that have governed administrative law, but that have undoubtedly suffered mutations derived from the historical route, the broad interpretation by the high courts about the sources of law and the need for the Administration of make your actions more flexible to make them effective. To this end, two thematic axes will be approached, the first one focuses on doing a study about the typical and atypical forms of relationship of the Public Administration; the second, will focus on carrying out a conceptual analysis about the principie of legality, developing a theoretical framework through whith the changes of both transformations are described in order to address a broader idea of submission of the Administration to the Law. Finally, it is intended to establish a link between these two evolutions to conclude the prevailing need to transmute the classic conception of legality and administrative act which will questionably lead to the recognition of new normative instruments that allow the Public Administration activity to materialize.Magíster en DerechoMaestrí

El principio de la buena administración del Estado: principios e instituciones que permiten su comprensión en el ordenamiento jurídico colombiano

[ES] La investigación se encuentra divida en cuatro capítulos, a saber: En el primer capítulo o de consideraciones introductorias se abordan los antecedentes semánticos y consideraciones preliminares en relación con alcance del concepto de buena administración del Estado como principio y como derecho; la legalidad y efectividad de derechos y la moralidad administrativa como fundamento de este principio; la multilateral de miradas en torno a este principio a partir de los instrumentos de la ONU, la Unión Europea y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo- CLAD, y la buena gestión de los asuntos públicos a partir de un marco de principios y reglas que orientan la prevención y la acción administrativa en la gestión de los asuntos públicos, de cara a este principio. En el segundo capítulo se desarrolla la necesidad de reconocer la cuestión y en particular los elementos o ejes fundamentales de la Buena Administración en la tradición jurídica a partir de los horizontes de comprensión que nos ofrecen los conceptos del imperio del orden jurídico como freno a la arbitrariedad de la autoridad, la efectividad material de los derechos como resultado de una conquista y reivindicación social, y la importancia que para la tradición jurídica colombiana tiene la Constitución Española de 1978. En el tercer capítulo se trata la comprensión de la buena administración del Estado a partir del horizonte de comprensión que ofrecen los instrumentos internacionales multilaterales. En tal sentido, este capítulo lo sub dividimos en apartados a fines con la óptica o mirada multilateral que respecto de la buena administración del Estado se trate, así: En un primer apartado, el desarrollo que hace del principio la ONU a través de las declaraciones primigenias de la organización, la Declaración del Milenio y los instrumentos que orientan su aplicación como la Guía general para su aplicación, la función esencial de la Administración Pública y la buena gestión de los asuntos públicos en la aplicación de aquélla, y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el papel que cumple la Administración pública en relación con los derechos y principios allí estipulados. En un segundo apartado, el tratamiento que da la Unión Europea al asunto a través de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión, el Código Europeo de buena conducta administrativa y sus principios orientadores como los de legitimidad; ausencia de discriminación; proporcionalidad; ausencia de abuso de poder; imparcialidad e independencia; objetividad; legitimas expectativas consistencia y asesoramiento; justicia; cortesía; respuesta a cartas en la lengua del ciudadano; acuse de recibo e indicación del funcionario competente; obligación de remisión al servicio competente de la institución; derecho a ser oído y hacer observaciones; plazo razonable para la adopción de decisiones; deber de indicar los motivos de las decisiones; indicaciones de las posibilidades de apelación y notificación de la decisión, y protección de datos. Un tercer apartado que corresponde a los instrumentos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) como las Carta Iberoamericanas de la Función Pública, Buen Gobierno, Gobierno Electrónico y de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública. En el cuarto capítulo en que se analiza el horizonte convergente del ordenamiento jurídico colombiano y la buena administración del Estado a partir de los elementos e instituciones integradoras, para lo cual se abordan cuatro apartados que corresponden a la materialización o concreción de los elementos integradores de la buena administración del Estado en el ordenamiento jurídico colombiano

La potestad normativa de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en la contratación estatal

Between the strong law-only regulation, a statute of principles, and the administrative autonomy; Colombia Compra Eficiente was created as the governing body for state procurement and its instruments produce certain alterations in contractual dynamics. Hence, based on a dogmatic legal positivist investigation and qualitative approach, in which documentary techniques prevail, the public entities’ inquiries and interviews, the possible normative competencies of this entity are studied, discerning their nature, reach, effects and impact within the source system. It is noted as the main conclusion based on the stand assumed by Colombia Compra Eficiente, supervisory agencies and experts in the subject that, due to material reasons, the legal instruments have the quality of authentic laws within the legal source system which restrict the autonomy and discretionarily of public entities and impose strong challenges regarding their scope, control and legality.Entre la fuerte reserva legal, un estatuto de principios y la autonomía administrativa, se creó Colombia Compra Eficiente como ente rector en la contratación estatal y sus instrumentos producen ciertas alteraciones en la dinámica contractual. Por ello, a partir de una investigación dogmática iuspositivista y enfoque cualitativo, se estudia las posibles competencias normativas de esta entidad, distinguiendo su naturaleza, alcance, efectos e impacto en el sistema de fuentes. Se advierte como principal conclusión que, por razones materiales, los instrumentos normativos tienen la vocación de auténticas normas dentro del sistema de fuentes de derecho que restringen la autonomía y discrecionalidad de las entidades públicas e imponen fuertes retos sobre su alcance, control y legalidad

La presencia del Soft Law en el derecho administrativo colombiano : los documentos Conpes como manifestación del Soft Law en Colombia

El derecho internacional, como el derecho administrativo de cada Estado, se encuentra vinculado a la finalidad universal del derecho. No obstante, la influencia de la comunidad internacional en los asuntos jurídicos de los Estados está generando, con el auge de la globalización, mecanismos o instrumentos que de forma no impositiva pero sí persuasiva, vienen delimitando las competencias estatales. Estos instrumentos ejercen la función de ordenar los ámbitos de validez de dichas competencias jurídicas y administrativas internas, a través de formas declaratorias de carácter internacional, mediante normas jurídicas blandas denominadas soft law. El amplio y variado uso del soft law en temas como los derechos humanos y el medio ambiente plantea una dificultad para la teoría tradicional de fuentes, inspirada en la voluntad de los Estados, los cuales se constituyen a partir de su soberanía estatal (hard law). Esto sugiere una dicotomía jurídica, en donde el soft law se contrasta con las reglas legales que definen obligaciones específicas de hard law, es decir, “son normas o principios más abiertos o generales en su contenido y significado, comprendiéndose como suaves. En tal caso, el Soft Law plantea una apertura a la internacionalización y democratización del derecho administrativo. La creciente adopción de instrumentos de soft law de influencia internacional o global permite la participación de actores no estatales, tales como las organizaciones no gubernamentales (ONG), y de carácter civil en la construcción de políticas e instrumentos que en ocasiones adquieren más legitimidad que las leyes creadas para atender tales asuntos.International law, as the administrative law of each state is linked to the universal purpose of the law. However, the influence of the international community in the legal affairs of States is generating, with the rise of globalization, mechanisms or instruments that no tax form but persuasive, state powers are defining. These instruments have the function to order the areas of validity of such legal powers and internal administrative, through forms of international declarations by soft legal rules called soft law. The wide and varied use of soft law on issues such as human rights and the environment poses a challenge to the traditional theory of sources, inspired by the will of States, which are from its state sovereignty (hard law) . This suggests a legal dichotomy, where the soft law is contrasted with the legal rules that define specific obligations of hard law, ie, are more open or rules or general principles in its content and meaning, being understood as smooth. In this case, the Soft Law poses an openness to internationalization and democratization of administrative law. The increasing adoption of soft law instruments of international or global influence allows the participation of non-state actors, such as non-governmental organizations (NGOs) actors and civilian objects in the construction of policies and instruments that sometimes acquire more legitimacy than the laws created to address such issues.Universidad del Rosari

Transition of territorial arrangement in Colombia before expiration of long-term effect of territorial arranging plans (POT)

Se propone la revisión teórica teórica de varias fiurasdeterminantes en el desarrollo del ordenamiento jurídicodispuesto para el ordenamiento del territorio a partir de laConstitución de 1991. Las fiuras fueron identifiadas comoreferentes para la experiencia de ejecución de los Planes deOrdenamiento Territorial (en adelante, POT) a partir dela normativa expedida para su regulación. Los resultadosse derivan de la pregunta ¿Cuáles referentes sociojurídicosdeben ser determinantes para la formulación, adopción yejecución de los POT ante la primera transición normativaimpuesta por el ordenamiento jurídico colombiano? lacual fue trabajada desde el modelo cuanticualitativode investigación con preponderancia del paradigmacualitativo por tratarse de un problema social. El escritoinicia con la revisión teórica de las fiuras determinantesque facilitan la comprensión de esta realidad local; sepresentan avances sobre la descripción del ordenamientojurídico elaborado para el ordenamiento del territoriourbano desde la Constitución de 1991, develando algunosprogresos y vacíos jurídicos a partir de los cuales se exponenvarios referentes socio-jurídicos que han sido identifiadosdesde la experiencia de la ejecución de los POT.It is proposed a theoretic review of some determining figures in development of juridical arrangement created for territorial arrangement since 1991 Constitution. Figures were identified as a reference for the experience of Territorial Arranging Plans (POTs) performance, parting from rules issued for their regulation. Results surge from the question ¿Which socio-juridical references should be determining for preparation, adoption and execution of POTs before the first regulating transition imposed by Colombian juridical arrangement? which was dealt with from cuanti-qualitative model of the research with preponderance on qualitative paradigm bearing in mind that it is a social problema. The writing starts by a theoretic review of determining figures that promote comprehension of such local reality; advancements are presented on description of juridical arrangement prepared for arranging the urban territory since 1991 Constitution, revealing some progress and legal gaps, parting from which several socio-juridical referents are exposed which have been identified from the experience of execution of POTs

evolução do conceito de função pública eo serviço público de carreira na Colômbia: análise doutrinal, jurisprudencial e normativa

The present work approaches and argues the transformation of the concept of Public Function and the civil service of career in the framework of Colombian administrative law, in the most relevant normative and jurisprudential levels, showing through examples the evolutionary impacts. For the formulation of the problem, the question was asked: How has the concept of the civil service and the career civil service evolved since the implementation of the Colombian Constitution of 1991, and how has Colombian administrative law impacted? This question will be resolved through the analysis of the foreseeable problems that can be seen in the conception of the new normativity, and in the existing operational differences between the public official and the new forms of constitutional interpretation in this subject, from the perspective of fundamental rights and trends economic neoliberal Among the conclusions, it is affirmed that the State continues with a poor judicial vision, although from the normative point, important bets have been achieved for the inclusion of new technologies, standardization of business processes, and accounting and financial bases.El presente trabajo aborda y argumenta la transformación del concepto Función Pública y el servicio civil de carrera en el marco del derecho administrativo colombiano, en los niveles normativos y jurisprudenciales más relevantes, mostrando a través de ejemplos los impactos evolutivos. Para la formulación del problema se planteó la pregunta: ¿Cómo ha evolucionado el concepto de la función pública y el servicio civil de carrera desde la implementación de la Constitución Colombina de 1991, y cómo ha impactado el derecho administrativo colombiano?, interrogante que se resolverá a través del análisis de las problemáticas previsibles que se aprecian en la concepción de la nueva normatividad, y en las diferencias operacionales existentes entre el funcionario público y las nuevas formas de interpretación constitucional en este tema, bajo la óptica de los derechos fundamentales y las tendencias económicas neoliberales. Entre las conclusiones se afirma que el Estado continúa con una visión judicial pobre, a pesar que desde lo normativo se han logrado importantes apuestas por la inclusión de nuevas tecnologías, estandarización de procesos comerciales, y bases contables y financieras.O presente trabalho aborda e discute a transformação do conceito de Função Pública e do serviço público de carreira no marco do direito administrativo colombiano, nos níveis normativos e jurisprudenciais mais relevantes, mostrando através de exemplos os impactos evolutivos. Para a formulação do problema colocado a pergunta: Como tem o conceito de serviço público e serviço público desde a implementação da Constituição Colombina de 1991 e como isso tem impactado o Direito Administrativo colombiano, questão a ser resolvida? através da análise dos problemas previsíveis que podem ser vistos na concepção da nova normatividade, e nas diferenças operacionais existentes entre o funcionário público e as novas formas de interpretação constitucional nesta matéria, do ponto de vista dos direitos e tendências fundamentais neoliberal econômico Entre as conclusões, afirma-se que o Estado continua com uma visão judicial pobre, embora a partir do ponto normativo, tenham sido alcançadas importantes apostas para a inclusão denovas tecnologias, padronização de processos de negócios e bases contábeis e financeiras

Transition of territorial arrangement in Colombia before expiration of long-term effect of territorial arranging plans (POT)

Se propone la revisión teórica teórica de varias fiurasdeterminantes en el desarrollo del ordenamiento jurídicodispuesto para el ordenamiento del territorio a partir de laConstitución de 1991. Las fiuras fueron identifiadas comoreferentes para la experiencia de ejecución de los Planes deOrdenamiento Territorial (en adelante, POT) a partir dela normativa expedida para su regulación. Los resultadosse derivan de la pregunta ¿Cuáles referentes sociojurídicosdeben ser determinantes para la formulación, adopción yejecución de los POT ante la primera transición normativaimpuesta por el ordenamiento jurídico colombiano? lacual fue trabajada desde el modelo cuanticualitativode investigación con preponderancia del paradigmacualitativo por tratarse de un problema social. El escritoinicia con la revisión teórica de las fiuras determinantesque facilitan la comprensión de esta realidad local; sepresentan avances sobre la descripción del ordenamientojurídico elaborado para el ordenamiento del territoriourbano desde la Constitución de 1991, develando algunosprogresos y vacíos jurídicos a partir de los cuales se exponenvarios referentes socio-jurídicos que han sido identifiadosdesde la experiencia de la ejecución de los POT.It is proposed a theoretic review of some determining figures in development of juridical arrangement created for territorial arrangement since 1991 Constitution. Figures were identified as a reference for the experience of Territorial Arranging Plans (POTs) performance, parting from rules issued for their regulation. Results surge from the question ¿Which socio-juridical references should be determining for preparation, adoption and execution of POTs before the first regulating transition imposed by Colombian juridical arrangement? which was dealt with from cuanti-qualitative model of the research with preponderance on qualitative paradigm bearing in mind that it is a social problema. The writing starts by a theoretic review of determining figures that promote comprehension of such local reality; advancements are presented on description of juridical arrangement prepared for arranging the urban territory since 1991 Constitution, revealing some progress and legal gaps, parting from which several socio-juridical referents are exposed which have been identified from the experience of execution of POTs

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.This thesis research work product will pose on the basis of an internal administrative law created to address the issues raised within the state in line with constitutional principles, taking into account article 4 which states the supremacy of the Constitution and Article 9, 93, 94 and 224 to 227 orders for the development of international integration within the Latin American and Caribbean countries, so there is the urgent need to harmonize the law with the legal integration national and especially administrative law who must recepcionar the order mentioned supra, altering the traditional conceptions of the sources of this law. Therefore, from the perspective of administrative law understood as a statutory law governing relations between the state and individuals in which prevails the "principle of legality" of administrative acts, one can sense which constitutes a legal problem impacts derived from integration agreements, where we ask each other categories of existing sources of administrative law are adequate to address the reception of these provisions So to explore the impact on administrative law at the time of receiving the right to integration with particular emphasis on the Andean Community, we identified that one of the most distinctive features of the Andean legal system, as other integration schemes coming discussed the concept of supranationalism. In contemporary legal theory to understand this term brings a brand new concept that is both respectful of the internal sovereignty of the Member States, which allows the emergence of new common entity where it is possible the division of powers in the regulation of certain areas between multilateral and national authorities, while retaining its own autonomy. This concept has allowed the Andean Community law, similar to what happens in the domestic law of States, there is a control system of legal norms guaranteed by a contentious-administrative jurisdiction exercised by the Court of Justice Andean Community. Which ultimately affects domestic administrative law to separate jurisdictions are facing, as are the law of integration, which are produced, implemented and enforced rules under rules adopted for that purpose by the Member States that depend on the context of the integration and harmonization with internal norms. Therefore, in the end result of this thesis confirms the emergence of new sources of law, where consideration will not only law and jurisprudence, the latter positioned with the passing of time because of its relevance, as we can contrast with the issue of the New Code of Administrative Procedure (L.1437/11) that has not yet entered into force, where it highlights the importance of Judicial Precedent from Case unification of the State Council. But beyond this new legislative recognition, the system font set is altered in its hierarchy with the right opportunity that comes with integration treaties, which still is not reflected in this new Code, which does not provide application of new sources of law

La responsabilidad del Estado frente a los daños causados por inundaciones

La vigencia del Estado social de derecho, como producto del Nuevo pacto social adoptado a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, implica un cambio de paradigma, en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. De suerte, que las autoridades administrativas tienen un nuevo papel para la efectiva garantía de los derechos. Bajo esta orientación, la definición de la responsabilidad extracontractual debe reconocer estas dinámicas de transformación y apelar a nuevos criterios para la declaratoria de responsabilidad, de manera concreta, en los daños causados por los fenómenos naturales. Como resultado de este análisis, los principios de prevención y precaución ambiental son criterios jurídicos relevantes que pueden determinar la declaratoria de responsabilidad estatal, cuando se causan daños a los ciudadanos por fenómenos ambientales.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho AdministrativoThe validity of the social State of law, as a product of the New Social Pact adopted through of the Political Constitution of Colombia of 1991, it implies a paradigm shift in the recognition and protection of fundamental rights. Fortunately, the administrative authorities have a new role for the effective guarantee of rights. Under this orientation, the definition of extracontractual liability must recognize these dynamics of transformation and appeal to new criteria for the declaration of responsibility, in a concrete way, in the damages caused by natural phenomena. As a result of this analysis, the principles of prevention and environmental precaution are relevant legal criteria that can determine the declaration of state responsibility, when damage is caused to citizens by environmental phenomena

Aplicación del control constitucional por vía de excepción en relación con reclamaciones ante empresas de servicios públicos domiciliarios cuando se pretendan devoluciones superiores a cinco meses

La expedición de la Ley 142 de 1994 es una clara materialización del mandato constitucional dispuesto en el artículo 150 # 23 de la C.P de 1991, en concordancia con los artículos 365 a 370 ibídem; al establecer en la referida Ley lo concerniente al tiempo que tienen los usuarios y/o suscriptores para reclamar los conceptos facturados como consecuencia de la prestación de los servicios, se trajo un término de caducidad de 5 periodos de facturación, es decir, que si vencido dicho plazo no se ha reclamado algún concepto facturado, se pierde el derecho a que ser atendida esa pretensión. Esa caducidad resulta apropiada por cuestiones de seguridad jurídica y de certeza de los actos de facturación, sin embargo, nunca podrá perderse de vista que no en todos los casos resulta ser preferente la condición de seguridad jurídica y certeza de los actos de facturación, sobre todo cuando darle prioridad a estos dos elementos afecta de manera directa y grave principios constitucionales como el Estado Social de Derecho, el Orden Justo, la Buena Fe, la Confianza Legítima, la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, , todo lo cual confluye en que puede presentarse una violación directa del principio de la Supremacía Constitucional que da existencia al denominado control por vía de excepción. Los servicios públicos domiciliarios se encuentran ligados a los fines esenciales de Estado, en otras palabras, los SPD se constituyen en la principal herramienta o canal con el que se logra en mayor escala la efectividad y cristalización del Estado Social de Derecho, lo cual incluye la garantía de los fines esenciales establecidos en el artículo 2 de la C.P de 1991, la prestación de estos servicios supone de entrada que la existencia de esa relación contractual da a una de las partes, los prestadores una condición privilegiada, incluso se reconoce que poseen posición dominante, entre tanto, la otra parte que son los suscriptores y/o usuarios es la parte más frágil, más débil de esa relación; por consiguiente, admitir que a pesar de que en situaciones claras donde los prestadores pueden cometer serios errores de facturación que afectan intereses legítimos de sus clientes, puede privilegiar a los primeros dándoles una habilitación para que se favorezcan por una caducidad que trae la Ley. Frente a errores técnicos de las Empresas que se supone son los que tienen la experticia y conocimiento profundo de la prestación es que cobra vital importancia realizar una irradiación de constitucionalización de los servicios públicos domiciliarios, recordar que el origen normativo de los mismos se encuentra en el marco de la C.P de 1991 y que por ende también están sometidos al principio de la Supremacía Constitucional, y es justamente la posibilidad de la aplicación de este principio lo que se aborda en la monografía presentada.The issuance of Law 142 of 1994 is a clear materialization of the constitutional mandate provided for in Article 150-23 of the C.P. of 1991, in accordance with Articles 365 to 370 ibid.; by establishing in that law the time that users and/or subscribers have to claim the concepts invoiced as a result of the provision of the services, a term of expiration of 5 billing periods was brought, that is, that if that period has expired, no invoiced concept has been claimed, the right to be met is lost. Such revocation is appropriate for reasons of legal certainty and certainty of billing acts, however, it may never be overlooked that it is not in all cases preferable to the status of legal certainty and certainty of billing acts, especially where giving priority to these two elements directly and seriously affects constitutional principles such as the Social Rule of Law , the Just Order, good faith, legitimate expectation, the prevalence of substantial right over formal law, all of which results in a direct violation of the principle of Constitutional Supremacy that gives existence to so-called exception control. Public home services are linked to the essential purposes of the State, in other words, the SPDs are constituted in the main tool or channel with which the effectiveness and crystallization of the Social Rule of Law is achieved on a larger scale, which includes guaranteeing the essential purposes set out in Article 2 of the 1991 C.P.C., the provision of these services implies at the outstream that the existence of such a contractual relationship gives one of the parties, the providers a privileged condition, it is even recognized that they have a dominant position, in the meantime, the other party that is subscribers and/or users is the most fragile, weakest part of that relationship; therefore, to admit that although in clear situations where providers can make serious billing errors that affect the legitimate interests of their customers, it may favor the former by giving them a rating to be favored for an expiration brought by the Act. In the face of technical errors of the Companies that are supposed to have the expertise and in-depth knowledge of the provision is that it is vital to carry out an irradiation of constitutionalization of the public services domiciled, to remember that the normative origin of them is within the framework of the C.P. of 1991 and that therefore they are also subject to the principle of Constitutional Supremacy , and it is precisely the possibility of the application of this principle that is addressed in the monograph presented.Magíster en Derecho Económico con Énfasis en Servicios PúblicosMaestrí